El Parlamento de Canarias aprobó el pasado miércoles 13, por
unanimidad y en un ambiente casi festivo, la primera ley isleña de
Lectura y Bibliotecas. Tras 42 años de democracia, las Canarias dejan
de ser la única región sin una norma bibliotecaria. Una normativa que
reviste gran importancia en una comunidad con malos datos de lectura y
en rendimiento escolar según los informes Pisa. La aprobación de la ley
contó con la presencia de numeroso personal de estos bibliotecas, sobre
todo bibliotecarias, del presidente de la Academia Canaria de la Lengua,
Humberto Hernández, y de otras personalidades.
Entre las medidas
más significativas que tiene esta Ley de Bibliotecas de Canarias se
encuentra la obligación de que todos los municipios, sin atender a su
número de habitantes, tengan al menos una biblioteca que respete los
parámetros mínimos contemplados por esta nueva normativa. Esta ley
atiende a una de las principales demandas del sector, como es la
exigencia de la titulación adecuada para los profesionales y auxiliares
que trabajen en las distintas bibliotecas de las islas. Implica,
asimismo, el nacimiento de la 'Biblioteca de Canarias', como "centro
superior, funcional y técnico del sistema". Esta Biblioteca se define
como la "cabecera de la red de bibliotecas públicas" y se concibe como
"el conjunto de servicios técnicos descentralizados, responsable de
recoger, inventariar, catalogar, conservar y difundir la producción
bibliográfica y cultural" de las islas y el que a nivel estatal o
internacional esté vinculado con el archipiélago.
Para proporcionar información sobre las bibliotecas y centros de
documentación se crea un Directorio de bibliotecas de Canarias. Para
formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, los centros
deben abrir al público 15 horas semanales, repartidas hasta en seis
días. El Gobierno de Canarias está obligado por esta Ley a destinar al
menos un millón de euros este año para la puesta en marcha de la misma.
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